Se realizó la audiencia pública que analiza el incremento del pasaje urbano

En el encuentro realizado en el Centro de Convenciones de Posadas, las diferentes partes expresaron sus posturas frente al aumento del transporte público. El Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, afirmó que “no es posible que el salario del trabajador pueda absorber ningún otro aumento”.

Sostuvo luego que “atendiendo a los cientos de reclamos de vecinos que recibimos en la institución a mi cargo, respecto a la calidad, condiciones y costo de dicho servicio, es que sostenemos esta postura, más en virtud a que el valor vigente es el techo que fijó el Departamento Ejecutivo Municipal en el decreto 1478/17 para el presente año (2018) con paritarias que no superaron los 15,5 puntos porcentuales, sin cláusula gatillo en marzo del presente año”.

“Sin bien, el gobierno provincial fijó una recomposición salarial extra de 4,5 puntos porcentuales entre julio y septiembre del corriente, al cual adhirió el Municipio, lo que representa un aumento total del salario del 20%, sin embargo esta cifra está muy por debajo de la carrera inflacionaria que se refleja en el IPC (índice de precios al consumidor) en nuestra región, para el mes de agosto pasado, según lo expresa el propio INDEC”, recalcó el ombudsman posadeño.

Además, señaló que por el ajuste económico implementado por el gobierno nacional “se disminuyó el poder adquisitivo del trabajador en un 40 por ciento, sólo este año. Si tenemos en cuenta que el Presupuesto para el 2018 fue proyectado con un dólar a 19 pesos y al mes de agosto ya se encuentra superando la barrera de los 39 pesos”.

“Es por esto que expresamos la imposibilidad de que el salario del trabajador de Posadas pueda absorber un nuevo incremento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros, por lo que apelamos al esfuerzo compartido a fin de evitar que el ajuste siga destruyendo el poder adquisitivo de nuestro asalariado, profundizando el detrimento de su calidad de vida”, expresó Penayo durante la audiencia. Al respecto remarcó que los sectores más vulnerables son, justamente, los que más se sirven del transporte público de pasajeros, pero atendiendo a la vez que desde la Nación se trasladó a las provincias y municipios la responsabilidad –sin aportes de fondos nacionales- sobre los subsidios al sector.

Propuesta

Ante estas consideraciones es que la propuesta efectuada por Penayo a través de la Defensoría del Pueblo de Posadas, institución que dirige, durante la Audiencia Pública fue la siguiente:

a) SOLICITAR a la Universidad Nacional de Misiones que, a través de un relevamiento y análisis de costos, determine la tarifa para el boleto del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Posadas conforme al punto 2 del artículo 92° de la Carta Orgánica Municipal. Esta solicitud es a fin de contar con un instrumento técnico de un organismo externo e imparcial que permita contrastar con el presentado por los empresarios, y así encontrar equilibrio en la estructura del costo de la tarifa a favor del usuario y mayor transparencia a favor del empresario.

b) CONFORMAR una tarifa social que establezca como techo los valores porcentuales proyectados del Presupuesto Nacional, con la que se conformó la tarifa para el 2018.

c) ESTABLECER el uso del transporte urbano de Pasajeros por tramos, lo que debe ser consensuado entre empresarios y el Departamento Ejecutivo Municipal (área de Transporte), el objetivo en este caso es terminar con el subsidio entre usuarios ya que pocos son los que usan el servicio de punto a punto.

d) SUBSIDIAR al usuario si la tarifa propuesta es superior al valor actual y el mismo demuestre no poder asumir el pago de la misma. De esta manera, no habría un subsidio plano a las empresas ni tampoco a los usuarios, sino que sería destinado a beneficiar a quienes requieran los tramos que superen el valor de referencia y, como se dijo anteriormente, que no puedan afrontar el costo del mismo. Además, la propuesta del subsidio es para la diferencia entre el valor del boleto al destino y el precio de referencia.

e) CONFORMAR una mesa de diálogo permanente que sirva de recepción y análisis de los pedidos que formulen los vecinos.

f) RATIFICAR el pedido de los ocho puntos del art. 2 del decreto 1478/17